Uno de los pilares del decreto es su enfoque nutricional basado en evidencia científica. La normativa incorpora recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se eliminan así los productos que superen los cinco gramos de azúcares añadidos por porción o que sobrepasen los límites establecidos para grasas saturadas, sal o valor energético.
En concreto, ninguna porción servida podrá exceder las 200 kilocalorías. La regulación también pone fin a la venta de bebidas energéticas, refrescos azucarados y productos de bollería en máquinas expendedoras y cafeterías dentro de los centros escolares, alineando la oferta alimentaria con los objetivos de salud pública.
Además de la vertiente sanitaria, el decreto incorpora una perspectiva de justicia alimentaria y equidad territorial. Su aplicación será homogénea en todo el país, garantizando el acceso igualitario a una dieta equilibrada en todas las comunidades autónomas. El texto también contempla que al menos dos platos al mes o el 5% del gasto del comedor escolar se destinen a producción ecológica, reforzando el vínculo entre alimentación y medio ambiente.
Esta medida representa un paso decisivo en la lucha contra la obesidad infantil, un problema que afecta ya a más del 40% de los menores en edad escolar, según datos recientes. De hecho, el Ministerio de Consumo estima que hay más de 1.200 comedores escolares en España en los que no se sirve pescado nunca, y hasta un 14% de los centros incumplen la recomendación de ofrecer legumbres al menos una vez por semana.
Con esta norma, el Gobierno espera transformar los comedores escolares en espacios de educación alimentaria, sostenibilidad y equidad. El reto, a partir de ahora, será su correcta implementación y evaluación.
